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Reflexiones ante la indefensión del gestor público



Me hubiera gustado no tener que hacer este escrito, pero cansado de ver mi nombre asociado a difamaciones sobre la limpieza de mi gestión al frente del Hospital de Sant Pau, y ante la enervante lentitud de la justicia, me veo obligado a explicarme en público, un territorio que mis acusadores conocen, al menos hasta ahora, mucho mejor que yo.

Cada año el director de recursos humanos de Sant Pau, hecho común en todos los hospitales del mundo, firma miles de contratos temporales: coberturas de guardias, de turnos, etc. Y de vez en cuando firma alguno vinculado a la exploración de un nuevo proyecto, debidamente aprobado por los órganos de dirección. Estos últimos contratos terminarán consolidando o no en función de los resultados de la innovación propuesta, y por este motivo son encargados a las personas que se consideran más idóneas, al margen, evidentemente, que si el proyecto consolida, se deberán concursar las plazas. Y este fue el caso del Dr. José Cuervo y de la Dra. Mercè Cruells, profesionales a los que se les encargó, respectivamente, la puesta en marcha del nuevo centro de innovación en colaboración con I2Cat (por cierto inaugurado y en marcha), y del nuevo hotel de entidades, una plataforma para a las asociaciones de enfermos vinculadas al hospital, que con la crisis no terminó saliendo adelante. Estos dos profesionales disfrutaron de contratos legales, con remuneraciones ajustadas tanto a su categoría profesional como al encargo, trabajaron las horas contratadas e hicieron el trabajo encomendado. Entiendo que a los acusadores no les puedan gustar los nuevos proyectos o las personas designadas, pero la pregunta que se hace el gestor público es, ¿por qué se ha imputado a todos los que firmaron estos contratos, cuando todo lo que acabo de explicar se puede comprobar de manera sencilla por la jurisdicción laboral más rápida y menos efectista?

El caso del Dr. Ricard Gutiérrez merece capítulo propio. El Dr. Gutiérrez fue contratado en 2001 por el entonces Gerente de Sant Pau, el Dr. Joaquim Esperalba, ahora también ambos señalados por dedos acusadores, a pesar de que aquel fue un contrato legal de adjunto a Gerencia. Años después, con los cambios directivos habituales, el Dr. Gutiérrez fue destinado a poner en marcha una cátedra de gestión sanitaria a la Fundación Dr. Robert, una fundación que la Universidad Autónoma de Barcelona comparte con todos los centros universitarios con los que tiene convenio y que tiene su sede en la Casa de Convalecencia, dentro del propio recinto de Sant Pau. Esta cátedra organiza diversas actividades, entre ellas una Máster de prestigio por el que ya han pasado más de 400 postgraduados, y cuenta con una comisión de seguimiento, bajo la presidencia de la UAB, que evalúa las actividades y aprueba las cuentas y presupuestos. En su momento, los responsables de Sant Pau decidieron que el Dr. Gutiérrez, en vez de hacer las funciones de adjunto a Gerencia, desplegara esta actividad docente, lo que es muy habitual en un hospital universitario. Entiendo que alguien quiera, en bien de la transparencia, saber si el contrato que tenía el nuevo Director de la Cátedra era el que le correspondía, hecho también sencillo de comprobar por la jurisdicción laboral, pero la pregunta es, ¿cómo se puede acusar a la Dirección de Sant Pau que pagar un directivo que no va? ¿Por qué el Gerente de Sant Pau y el Dr. Gutiérrez deberán esperar años bajo sospecha hasta que alguien tenga a bien aclarar unos hechos tan fáciles de averiguar?

Estoy convencido de que se acabará haciendo justicia y que se aclararán las sombras de duda que hoy se ciernen sobre todos los que estamos implicados en esta causa, pero lo que no entiendo es por qué la administración jurídica no usa procedimientos más técnicos y más ajustados a la naturaleza laboral de los asuntos tratados, en un terreno donde los gestores públicos podríamos tener una defensa más respetuosa con la obligada presunción de honorabilidad de nuestra gestión.